LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES

¿Qué sucede si los documentos probatorios de un litigio están en inglés? ¿Puedo ofrecerlos con la demanda o debo traducirlos? ¿Tengo que traducir todos o sólo una parte de ellos? ¿Una simple traducción vale la pena o necesito una traducción jurada? ¿Debo traducir también la totalidad de la demanda para darle traslado a la contra parte?

Estas son algunas de las preguntas que mis clientes se hacen con frecuencia. Como traductora profesional especializada en derecho, desde hace muchos años colaboro con despachos de abogados en temas como éste.

Uno de los mayores inconvenientes es que en El Salvador acerca del  tema de traducción se contempla en el Artículo 24 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias el cual literalmente dice:

“Art. 24.-Cuando un instrumento o sus auténticas estuvieren escritos en idioma extranjero, el interesado podrá ocurrir ante notario, quien nombrará perito a un intérprete de su conocimiento, al que juramentará.

Hecha la traducción, el notario pondrá su firma y sello en cada folio del instrumento y auténticas traducidos y del dictamen del traductor; y entregará originales las diligencias al interesado, para los efectos legales.”

Ahora bien, como hemos visto, este Artículo no estipula los requisitos para ser traductor. Por lo tanto, se asume que una persona bilingüe puede ejercer las funciones del traductor, que dicho sea de paso,  el Artículo en mención toma la figura del traductor como interprete lo cual es incorrecto.

Existe una diferencia fundamental entre traducción e interpretación: la primera consiste en la transferencia del contenido de un texto escrito de un idioma a otro, mientras que la segunda radica en el traspaso de un mensaje oral escuchado en un idioma y retransmitido en otro.

Por otro lado, no basta ser bilingüe para ser traductor. Es parte de ello, sí, ¡por supuesto! Pero no es suficiente.

Un traductor puede ser al menos bilingüe pero una persona bilingüe no necesariamente puede ser traductor. Una persona que es bilingüe es capaz de hablar dos idiomas o más, hay que destacar que no necesariamente los maneja perfectamente. Mientras que un traductor debe tener un dominio casi perfecto del par de idiomas con que trabaje o bien las diferentes combinaciones entre tres o más. El traductor debe ser capaz de identificar el estilo en el que está escrito el texto, analizarlo y luego traducirlo, de modo que el texto traducido sea equivalente, en todos los sentidos, al texto original. Además, el traductor debe conocer y diferenciar las diferentes reglas ortográficas y gramaticales de cada idioma.

Sumado a esto, el traductor debe conocer la cultura de la segunda lengua, un punto que quizás no domine un bilingüe. Dependiendo de la cultura de la lengua, la forma de expresarse puede cambiar mucho.

El traductor en su labor debe ser muy preciso en cuanto a la terminología jurídica, para el caso, cosa que un bilingüe seguramente no maneja a la perfección pues no se ha especializado en este campo, no conoce las diferentes técnicas que se necesitan para traducir bien, y por la tanto sus resultados puedes ser muy pobres. A lo mejor es Abogado bilingüe, pero sino es traductor, el resultado puede ser deficiente. Por supuesto, para ser traductor no se necesita ser Abogado, pero sí que tenga formación en esta rama de especialización de la traducción de manera que siempre esté familiarizado con el contenido y el estilo propios de cada texto jurídico. Es lo que hace la diferencia.

Aquí vemos algunas de las grandes deficiencias que existen en la legislación de El Salvador al no establecer bien ni con claridad quien puede o no traducir… o sea que ¿todos podemos ser peritos traductores? Según la legislación entonces basta con ser bilingüe y eso, definitivamente,  es un gran error. Un perito equivale a la figura del traductor jurado en otras naciones, personas con una debida preparación para desempeñar esta función. Además,  tratándose este artículo acerca de traducir documentos específicamente para procesos judiciales, el que una persona bilingüe, sin ser traductor profesional, y traduzca documentos con efectos jurídicos tan importantes puede conducir a graves consecuencias por un mínimo error que cometa. Seguramente el legislador no lo visualiza de esta manera, por lo que en mi opinión, la ley debería de actualizarse y aparejarse a las legislaciones internacionales dada la seriedad y responsabilidad de la profesión del traductor.

Mediante este artículo intento aclarar la necesidad de la traducción documental en el marco de los procesos judiciales en los que participan personas naturales y/ personas jurídicas entre diferentes países y por qué no basta contratar los servicios de una persona bilingüe si esta no es un traductor cualificado.

APORTACIÓN A LA DEMANDA DE DOCUMENTOS REDACTADOS EN OTRO IDIOMA

Cada vez es más frecuente que empresas y ciudadanos extranjeros hagan negocios en el territorio salvadoreño y que las empresas salvadoreñas contraten con empresas extranjeras. Del mismo modo, el movimiento de ciudadanos que viven, se casan, adquieren bienes y los dejan en un testamento fuera de su país de origen es otra constante en el mundo globalizado en el que vivimos actualmente.

Hasta aquí todo parece bien,  el problema se presenta cuando algunas de estas relaciones personales o comerciales se convierten en un litigio y la persona natural o la persona jurídica en cuestión se presenta ante su apoderado con una gran cantidad de documentos escritos en inglés, italiano, alemán o cualquier otro idioma.

Con la demanda hay que aportar todos los documentos probatorios necesarios para poder acreditar la pretensión del cliente y que el juzgador conozca la base de dicha pretensión.

Dichos documentos no se pueden acompañar tal cual, es decir, en una lengua extranjera, sino que deben ser traducidos al castellano como lo establece el Art. 24 antes transcrito.

TRASLADO DE LA DEMANDA AL DEMANDADO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

Puede considerarse que la falta de traducción en un proceso judicial puede colocar en situación de indefensión a la parte demandada al no poder entender los fundamentos de la demanda interpuesta en su contra. Sabemos de sobra que la parte contraria deberá ser representada por un Abogado salvadoreño, pero el representado también necesita estar al tanto de todo lo que está sucediendo en el que hacer judicial. Seguramente y a fin de contestar la demanda,   deberá aportar documentos relevantes, que a lo mejor, también se encuentran en idioma extranjero y por tanto para que tengan su eficacia legal, deben ser bien traducidos.

Una persona sin los debidos conocimientos lingüísticos y jurídicos que se atreva a realizar la traducción de documentos para presentar en juicio, por la complejidad de dicha tarea y las consecuencias que pueden derivarse de una mala traducción, no debería hacerlo; sin embargo y como antes dicho, la legislación salvadoreña es pobre en cuanto a esto y prácticamente cualquiera se presenta ante un Notario en calidad de perito traductor y, sin poseer los conocimientos necesarios, se atreve a traducir. Ha llegado a tal punto esta carencia en la ley, que tengo conocimiento que una Notario ya con varios años en el ejercicio,  quien hace sus “traducciones” utilizando el traductor automático de Google y hace que una persona “X” firme las diligencias notariales de traducción en calidad de perito. Además de ser deshonesta esta práctica es algo muy pero muy grave y además, irresponsable. Es atentatorio contra toda ética profesional. Pero a esto conlleva el gran vacío legal en El Salvador en cuanto a la figura del traductor se refiere.

¿Qué pasa si se aporta una mala traducción? ¿Qué consecuencias puede acarrear?

En este tipo de documentos necesarios para un proceso judicial aparecen un gran número de conceptos jurídicos, a menudo desconocidos en la vida cotidiana que, además, pueden (e incluso suelen) no ser equivalentes a los mismos conceptos jurídicos en otros sistemas judiciales como suele ser el caso entre el derecho anglosajón y el derecho romano. Dos ordenamientos jurídicos muy diferentes, en los que la ausencia de equivalencias se da con frecuencia y realmente te enfrentas a un gran desafío para traducir ciertos términos con la debida precisión.

Una “mala traducción” puede conducir a conclusiones o juzgamientos erróneos e injustos. Y en este punto hay que destacar que el traductor profesional debe ser una persona completamente neutral sin ánimos de querer beneficiar a una de las partes atentando contra la otra en el proceso a partir de una traducción “maliciosa”. Aquí hay que tener en cuenta que se puede incurrir en esta modalidad bien por acción (traduciendo no exactamente lo que es) o por omisión (suprimiendo algún contenido), siempre que lo que se oculte o se “traduzca mal” sean datos decisivos para resolver el procedimiento y aclarar los hechos objeto de enjuiciamiento (ya sea a favor o en contra de la persona juzgada). Puede obrarse mal, también, por el simple hecho de atribuirse competencias lingüísticas y en traducción que no se poseen o que son limitadas; dando pie a impresiones, ambigüedades lingüísticas, terminológicas y  de estilo.

Es de recordar que el traductor es quien lleva la carga penal en cuanto a falsedad material o ideológica  ya que es el traductor mismo  el productor, receptor y portador de un mensaje (texto) escrito. Por lo que es una labor bastante delicada.

Una mala traducción también puede dar lugar a que una persona que es inocente sea condenada a “X” años en prisión. Una mala traducción también puede dar lugar a una indemnización por daños y perjuicios, entre otros. ¿Entendemos por qué una persona bilingüe no basta para este tipo de labor tan delicada?

Para evitar estos inconvenientes y malos entendidos,  se recomienda recurrir a un traductor profesional o una agencia de traducción quienes contratan personal con conocimientos y experiencia suficiente en textos jurídicos y legales ya que, como hemos comentado en varias ocasiones, se requiere de terminología, fraseología muy típica de esta rama.